Casi la mitad del software instalado en ordenadores de empresas españolas es ilegal. Cuatro de cada diez compañías utilizan programas informáticos sin licencia, según los datos de la consultora IDC. Esto las hace susceptibles de ser denunciadas y tener que afrontar multas de hasta 280.000 euros para los administradores, multas para las empresas de hasta cuatro veces el valor del software pirateado e incluso penas de prisión para los directivos responsables. A lo que habría que añadir las indemnizaciones a los fabricantes perjudicados y las inversiones en compra de software legal que sean necesarias para regularizar su situación y seguir operando.

Este estado de cosas hace que las denuncias por uso de software sin licencia sea una de las vías utilizadas por ex empleados para actuar contra sus antiguas empresas, junto con las denuncias por ilegalidades fiscales o laborales, entre otras.

Es el caso de varias empresas gallegas que el pasado mes de noviembre vieron como una comisión judicial integrada por la secretaria del Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña y varios peritos informáticos acudía a sus sedes con una orden para inspeccionar todos sus ordenadores y sistemas informáticos y verificar la legalidad de los programas alojados en ellos.

El registro había sido ordenado por el juzgado a raíz de una demanda auspiciada por BSA- The Software Alliance, por una presunta violación de los derechos de propiedad intelectual de algunos miembros de esta entidad, que agrupa a empresas fabricantes de software. El origen de la demanda eran los detalles aportados por un denunciante anónimo en la página de denuncias de piratería en la web de la BSA. Allí, mediante un sencillo formulario confidencial, cualquier persona puede aportar datos para que se inicie un proceso de investigación o denuncia contra una empresa por atentar contra la propiedad intelectual del software.

En el caso de las empresas inspeccionadas en Galicia, los técnicos judiciales registraron cerca de 70 ordenadores y obtuvieron evidencias de la existencia de programas presuntamente sin licencia de fabricantes como Microsoft, Adobe o Autodesk. Según los mismos peritos, el valor total estimado del software hallado y supuestamente instalado sin autorización podría estar entre los 800.000 y el millón de euros.

Enlace completo a la noticia:

http://www.expansion.com/estaticas/publireportajes/software-ilegal/